Los Estados deben demostrar su compromiso con la justicia internacional para garantizar verdadera rendición de cuentas en todo el Territorio Palestino Ocupado (TPO) e Israel por las víctimas de crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, ha manifestado Amnistía Internacional tras la recién concluida Asamblea de los Estados Partes de la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya.
“El sistema de justicia internacional está siendo atacado, y se halla amenazada su propia existencia. La mayor prueba de fuego a que se enfrenta está en Israel y el TPO. Los Estados deben demostrar su compromiso con la justicia internacional apoyando a instituciones como la CPI y protegiendo su capacidad de garantizar rendición de cuentas”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
La organización ha documentado ampliamente cómo Israel ha cometido y continúa cometiendo genocidio contra la población palestina de Gaza, incluso a pesar del alto el fuego, y cómo su persistente sistema de apartheid constituye crímenes de lesa humanidad. Hoy publica además una investigación exhaustiva, que documenta crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos por Hamás y otros grupos armados palestinos durante los ataques del 7 de octubre de 2023 y después de ellos.
“Los líderes y lideresas del mundo aplaudieron la resolución del mes pasado del Consejo de Seguridad de la ONU que establece un plan para Gaza, por considerar que sirve como modelo para alcanzar una paz sostenible. Pero no se pueden ocultar bajo la alfombra decenios de crímenes de derecho internacional con acuerdos que hacen caso omiso de la rendición de cuentas y afianzan la injusticia. Verdad, justicia y reparación, esas son las bases de una paz duradera”, ha aclarado Agnès Callamard.
“Amnistía pide que en Israel y el TPO, conjuntamente con la comunidad internacional preocupada por los evidentes fallos de la resolución del Consejo de Seguridad, se elabore una hoja de ruta para garantizar justicia y reparaciones y se asuma el compromiso de aplicarla. El objetivo de esta hoja de ruta debe ser el fin del genocidio de Israel, de su sistema de apartheid y de la ocupación ilegal de territorio palestino, a la vez que se abordan los crímenes de derecho internacional cometidos por Hamás y otros grupos armados palestinos”.
Amnistía Internacional recomienda que, para garantizar justicia verdadera, efectiva y significativa y no repetición, la hoja de ruta esté basada en la complementariedad de diversas instituciones y mecanismos de justicia.
Entre estos figuran las investigaciones de la CPI sobre crímenes israelíes y palestinos, que deben llevarse a cabo sin ningún impedimento y con acceso de investigadores y otros agentes de la justicia a Israel y el TPO. En tales investigaciones deben tratarse el genocidio y el crimen de lesa humanidad de apartheid de Israel, así como los crímenes cometidos por los grupos armados palestinos antes de los ataques del 7 de octubre de 2023, en el curso de ellos y desde entonces, a fin de garantizar que todas las personas — en especial las más responsables, en caso de que estén vivas todavía— comparecen ante la justicia.
La hoja de ruta debe establecer que los Estados se comprometan a cooperar plenamente con organismos como la Comisión de Investigación de la ONU y la CPI. Deben hacer cumplir las órdenes de detención de la CPI y tomar todas las medidas necesarias para garantizar el levantamiento de las sanciones y restricciones impuestas a las organizaciones palestinas de derechos humanos, que, pese a ello, llevan decenios documentando violaciones del derecho internacional y representando a las víctimas.
Paralelamente a los mecanismos internacionales, los Estados pueden emprender un nuevo camino hacia la paz fundado en la justicia, ejerciendo la jurisdicción nacional o universal u otras formas de jurisdicción penal extraterritorial con respecto a los crímenes de derecho internacional cometidos en el TPO e Israel.
“Las víctimas de las atrocidades cometidas en el TPO merecen justicia verdadera, lo que supone, no solo ver que los responsables son procesados y condenados, sino también recibir reparación adecuada y efectiva y garantías de no repetición. Es indudable que estos pasos son decisivos para alcanzar paz y seguridad duraderas”, ha afirmado Agnès Callamard.
Persistencia del genocidio, apartheid y ocupación ilegal israelíes
“Transcurridos dos meses desde que se anunció el alto el fuego y fueron liberados todos los rehenes israelíes vivos, las autoridades de Israel siguen cometiendo genocidio con total impunidad contra la población palestina de la Franja de Gaza ocupada al continuar sometiéndola deliberadamente a condiciones de existencia que acarreen su destrucción física, sin dar muestra de cambio alguno en su intención.
Amnistía Internacional ha publicado recientemente un análisis jurídico de la situación actual, donde se muestra cómo se sigue cometiendo el crimen de genocidio, junto con testimonios de gazatíes y personal médico y de ayuda humanitaria que ponen de relieve las terribles condiciones que la población palestina de Gaza soporta todavía. La organización ha determinado que, pese a que la magnitud de los ataques se ha reducido y ha habido algunas mejoras limitadas, no se ha producido ningún cambio significativo en las condiciones a que Israel somete a la población palestina de Gaza y nada indica que haya cambiado de intención.
Al menos 370 personas, 140 niños y niñas entre ellas, han muerto a causa de ataques israelíes desde que se anunció el alto el fuego el 9 de octubre. A pesar de algunas mejoras limitadas, en el marco de sus más de dos años de genocidio, Israel ha sometido deliberadamente a hambruna a la población civil palestina, restringiendo la ayuda humanitaria y suministros de socorro esenciales, como productos y equipos médicos necesarios para reparar infraestructuras vitales. Para agravar su catastrófico sufrimiento, la ha sometido a una oleada tras otra de inhumanos desplazamientos forzados. En general, más de 70.000 personas palestinas han muerto y más de 200.000 han resultado heridas, en muchos casos de tal gravedad que han visto truncada su vida.
La probabilidad objetiva de que las condiciones actuales conduzcan a la destrucción de la población palestina de Gaza persiste. Sin embargo, las autoridades israelíes no han dado muestra de cambio alguno en su intención: han hecho caso omiso de tres conjuntos de decisiones vinculantes de la Corte Internacional de Justicia y no han investigado ni procesado a los presuntos responsables de actos de genocidio, ni tampoco pedido cuentas a autoridades que han hecho declaraciones genocidas. Continúan en el poder autoridades israelíes responsables de orquestar y cometer genocidio, por lo que tienen rienda suelta para continuar perpetrando atrocidades.
El genocidio de Israel contra la población palestina de Gaza tiene lugar en el contexto de la impunidad generalizada de su persistente crimen de lesa humanidad de apartheid y decenios de ocupación ilegal del territorio palestino.
“Es con este trasfondo de apartheid y ocupación ilegal cómo, deliberadamente, Israel ha provocado hambruna masiva, derramamiento de sangre sin precedentes, niveles apocalípticos de destrucción y desplazamiento forzado en gran escala, y ha estrangulado la ayuda humanitaria, todo lo cual ilustra el crimen de genocidio que continúa cometiéndose”, ha señalado Agnès Callamard.
En Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, el cruel sistema de apartheid y ocupación ilegal de Israel se ha cobrado gran número de víctimas palestinas Las operaciones militares israelíes, incluidos los ataques aéreos, han matado a al menos 995 personas —entre ellas al menos 219 niños y niñas— y desplazado a decenas de miles, y causado grandes daños en infraestructuras civiles esenciales, viviendas y tierras de cultivo. Los dos últimos años se han caracterizado por la intensificación de los ataques de colonos respaldados por el Estado, que han matado, herido y desplazado a personas palestinas. Desde enero de 2025, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha documentado más de 1.600 ataques de colonos en los que hubo víctimas o resultaron dañados bienes. Y las comunidades palestinas de pastoreo de la Zona C se ven especialmente afectadas por esta oleada de violencia respaldada por el Estado. Pese a las expresiones internacionales de condena y a algunas medidas restrictivas adoptadas por terceros Estados contra colonos concretos y organizaciones de colonos, la violencia de estos sigue en aumento gracias al respaldo gubernamental israelí y a la impunidad casi total de que disfrutan.
El plan de paz de Trump es la última de una serie de iniciativas con fallos fatales, que proponen ‘soluciones’ al margen del derecho internacional en las que se recompensa implícitamente a Israel por su ocupación ilegal, los asentamientos ilegales y el sistema de apartheid, que son las causas básicas de las continuas atrocidades que Israel comete contra la población palestina.
Las condiciones establecidas durante el alto el fuego actual afianzan aún más el sistema de apartheid de Israel y su ocupación ilegal y agravan la injusticia. La imposición israelí de un ‘perímetro de seguridad’ (zona de amortiguación) en Gaza entraña el riesgo de que la ocupación ilegal del territorio se vuelva permanente y priva a la población palestina de sus tierras más fértiles. También amenaza con perpetuar la fragmentación territorial sobre la que se sustenta el sistema de apartheid de Israel al no garantizar libertad de circulación a la población palestina para comunicarse con el resto del territorio ocupado.
Y también gozan de impunidad las fuerzas israelíes responsables de mantener detenidas arbitrariamente, someter a desaparición forzada y torturar sistemáticamente a personas palestinas. En un examen reciente del expediente de Israel, el Comité de la ONU contra la Tortura se refirió a la existencia de facto de una política estatal de tortura y malos tratos organizados y generalizados, que se había intensificado gravemente desde el 7 de octubre de 2023, y expresó honda preocupación por las denuncias de abusos sexuales a personas palestinas, hombres y mujeres, que constituían tortura y malos tratos.
“La inacción deliberada de la comunidad internacional a la hora de hacer rendir cuentas a Israel por sus crímenes de derecho internacional y el hecho de que no haya ejercido presión sobre él para que acepte las recomendaciones de los mecanismos de la ONU y las organizaciones internacionales de derechos humanos han afianzado la ocupación ilegal y el apartheid israelíes y han posibilitado directamente que se cometa hoy el genocidio de Israel contra la población palestina de Gaza”, ha afirmado Agnes Callamard.
Crímenes de lesa humanidad cometidos por Hamás y otros grupos armados
Es esencial también garantizar la rendición de cuentas por los crímenes cometidos por los grupos armados palestinos. Más de dos años después de los ataques lanzados bajo la dirección de Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, todavía siguen apareciendo relatos sobre las atrocidades que los grupos armados palestinos cometieron ese día y sobre el trato que dispensaron después a quienes mantuvieron en cautividad en Gaza. Las personas que sobrevivieron a los ataques, incluidas las que estuvieron cautivas, así como las familias de las víctimas, continúan arrojando luz sobre sus padecimientos, a la vez que piden justicia y reparación.
Amnistía Internacional publica hoy un informe donde se explica cómo el brazo armado de Hamás, las Brigadas Al Qassam, y otros grupos armados palestinos cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante su ataque al sur de Israel, así como contra las personas retenidas en Gaza como rehenes después de él.
La organización ha documentado cómo, la madrugada del 7 de octubre de 2023, las fuerzas de Hamás y otros grupos armados palestinos lanzaron un ataque coordinado, dirigido principalmente contra espacios civiles. Mataron a alrededor de 1.200 personas, más de 800 de las cuales, incluidos 36 niños y niñas, eran civiles. Las víctimas eran fundamentalmente de nacionalidad israelí judía, pero también había algunas de comunidades beduinas con ciudadanía israelí y decenas de trabajadores y trabajadoras migrantes, estudiantes y solicitantes de asilo de nacionalidades extranjeras. Resultaron heridas más de 4.000 personas, y centenares de viviendas y estructuras civiles fueron destruidas o quedaron inhabitables.
Mediante el análisis de los patrones de ataque, los datos y el contenido específico de las comunicaciones entre combatientes durante el ataque y declaraciones de Hamás y de dirigentes de otros grupos armados, Amnistía Internacional ha determinado que estos crímenes se cometieron en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra una población civil. En el informe se determina que se ordenó a los combatientes llevar a cabo ataques específicamente contra civiles.
“Nuestra organización confirma que los crímenes cometidos por Hamás y otros grupos armados palestinos durante sus ataques del 7 de octubre de 2023 y contra las personas que tomaron como rehenes formaban parte de una agresión sistemática y generalizada contra la población civil y constituyen crímenes de lesa humanidad”, ha explicado Agnès Callamard.
“Hamás y otros grupos armados palestinos dieron muestra de un desprecio aberrante por la vida humana. Atacaron deliberada y sistemáticamente a civiles en lugares como sus viviendas o un festival de música con el fin evidente de tomar rehenes, lo que constituía crímenes de guerra. Mataron deliberadamente a centenares de civiles, incluso efectuando disparos y lanzando granadas para obligar a personas aterrorizadas, incluidas familias con niños y niñas pequeños, a salir de sus habitaciones de seguridad y sus escondites o atacándolas cuando huían. Amnistía Internacional ha documentado también indicios de que algunos atacantes palestinos golpearon o agredieron sexualmente a personas durante el ataque y profanaron los cadáveres de las que habían matado”.
Hamás ha afirmado que sus fuerzas no participaron en el homicidio, secuestro y maltrato perpetrados específicamente contra civiles durante los ataques del 7 de octubre de 2023 y que muchas de esas víctimas murieron por disparos israelíes. Sin embargo, basándose en numerosos vídeos, testimonios y otros datos, Amnistía Internacional ha determinado que, aunque sea cierto que las fuerzas israelíes fueron responsables de algunas muertes de civiles al intentar repeler el ataque, a la gran mayoría de las víctimas las mataron intencionadamente combatientes de Hamás y otros grupos armados palestinos, que atacaron espacios civiles alejados de objetivos militares. Los combatientes palestinos, incluidas las fuerzas de Hamás, fueron también responsables de secuestrar a civiles en numerosos lugares y someter a abusos físicos, sexuales y psicológicos a personas capturadas.
El 7 de octubre de 2023, otras 251 personas —en su mayoría civiles, incluidos niños y niñas y personas mayores— fueron tomadas como rehenes y llevadas a Gaza. Casi todas ellas fueron capturadas vivas y quedaron en cautividad, pero, según informes, 36 estaban ya muertas cuando se las llevaron. Permanecieron recluidas durante semanas, meses o, en algunos casos, más de dos años, y, según han contado a Amnistía Internacional o en foros públicos, algunos de los rehenes que regresaron vivos estuvieron encadenados en túneles subterráneos durante toda su cautividad o parte de ella y soportaron condiciones extremas de violencia, privación y abusos psicológicos, incluidas amenazas de ejecución. Algunos rehenes sufrieron violencia sexual, incluidas agresión sexual, amenaza de matrimonio forzado y desnudez forzada. Al menos seis rehenes murieron a manos de sus captores.
Amnistía Internacional entrevistó a 70 personas, entre las que figuraban 17 sobrevivientes de los ataques del 7 de octubre de 2023, familiares de víctimas, peritos médicos, profesionales de la medicina y del derecho, periodistas y responsables de otras investigaciones. El equipo de investigación visitó algunos de los lugares donde se produjeron los ataques y examinó más de 350 vídeos y fotografías de los ataques y de personas cautivas en Gaza.
Amnistía Internación determinó en su investigación que Hamás y otros grupos armados palestinos cometieron los crímenes de lesa humanidad de “asesinato”, “exterminio”, “encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional”, “desaparición forzada”, “tortura”, “violación [...] o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable” y “otros actos inhumanos”.
“El alarmante historial de violaciones de derechos cometidas por Israel contra la población palestina, incluidos los decenios de ocupación ilegal, el apartheid y el persistente genocidio de Gaza, no puede justificar en absoluto esos crímenes. Ni tampoco exime a los grupos armados palestinos de sus obligaciones según el derecho internacional. Las violaciones del derecho internacional cometidas por los grupos armados en el contexto de los ataques del 7 de octubre de 2023 deben reconocerse y condenarse como lo que son: crímenes atroces. Hamás debe también devolver, incondicionalmente y tan pronto como se encuentre, el único cadáver que queda en Gaza de una persona muerta durante los ataques”, ha señalado Agnès Callamard.
En las últimas semanas, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha anunciado la creación de un comité para examinar las decisiones del gobierno en torno a los ataques del 7 de octubre de 2023. Sin embargo, esta iniciativa ha sido muy criticada, incluso por supervivientes de los ataques y familias de personas muertas, por su falta de independencia y por no atenerse a los precedentes de comisiones de investigación bajo dirección judicial.
Las autoridades del Estado de Palestina deben reconocer y denunciar públicamente las graves violaciones del derecho internacional cometidas por los grupos armados palestinos. Deben realizar también investigaciones independientes, imparciales y efectivas para identificar a los presuntos responsables de los crímenes y las violaciones del derecho internacional y cooperar plenamente con los mecanismos de investigación internacional, incluso compartiendo datos.
Justicia internacional necesaria para todas las víctimas
La investigación que lleva a cabo la CPI sobre la “situación en Palestina” y las órdenes de detención que ha dictado contra el primer ministro Netanyahu y el ex ministro de Defensa Yoav Gallant por cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad siguen siendo decisivas para las perspectivas de garantizar rendición de cuentas verdadera.
Tomar medidas para hacer rendir cuentas a altas autoridades israelíes por sus crímenes de derecho internacional es un paso esencial que hay que dar para poner fin al genocidio en Gaza, restablecer la confianza en el derecho internacional y garantizar que todas las víctimas de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad tienen acceso a justicia, verdad y reparación.
La CPI también debe continuar investigando los crímenes cometidos por los grupos armados palestinos durante los ataques del 7 de octubre de 2023 y después de ellos, con miras a garantizar que los presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra sean llevados ante la justicia.
“La rendición de cuentas no es negociable. Los responsables de crímenes de derecho internacional deben comparecer ante la justicia, y las instituciones a las que presentan deben comprometerse a seguir una nueva vía arraigada en los derechos humanos y el derecho internacional, por medios como aprobar leyes para prevenir que se cometan más violaciones de ellos en el futuro”, ha manifestado Agnès Callamard.
“Todas las partes deben reconocer su responsabilidad y cooperar con organismos de investigación y mecanismos de justicia internacional como la Comisión de Investigación de la ONU y la CPI aplicando sus recomendaciones y permitiéndoles recabar, proteger y analizar datos con fines de rendición de cuentas. Se debe escuchar y reconocer a las víctimas, y se les tiene que garantizar un recurso efectivo que incluya reparación. Sin estas medidas concretas para garantizar la verdad y la justicia no puede haber paz duradera”.
